La ampliación de las facultades fiscalizadoras de la SAT, a la cual se le autoriza pedir información bancaria de los contribuyentes, es una de las propuestas contenidas en la iniciativa de ley de reforma tributaria, presentada ayer al Congreso.
Uno de los cambios más importantes es el que se refiere a las reformas al Código Tributario, al que se adiciona el artículo 30 B, en el que se establece que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) podrá revisar información bancaria del contribuyente, pidiendo de forma directa a las instituciones o entidades vigiladas o no por la Superintendencia de Bancos.
Se detalla en el artículo que con dicha información se busca confirmar operaciones bancarias o financieras relacionadas con transacciones referentes al cumplimiento tributario de algún contribuyente.
La SAT recibirá la información bajo reserva de confidencialidad, y las instituciones sujetas a esa disposición están obligadas a proporcionar los datos requeridos.
Sin embargo, en ese mismo artículo se aclara que esas entidades o instituciones no quedan obligadas a proporcionar los saldos de cuentas o nombres de los beneficiarios, salvo disposición judicial.
Violación al secreto bancario
A consideración del auditor Óscar Chile Monroy, el contenido propuesto para el artículo 30 B del Código Tributario contraviene los artículos 24 y 134 de la Constitución, además del 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros —decreto 19-02—.
En este último se establece que, salvo las obligaciones y deberes establecidos por la normativa sobre lavado de dinero u otros activos, el sector bancario no podrá proporcionar información a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, excepto a la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y al Banco de Guatemala.
El ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, sostuvo que se analizó el contenido, y afirmó que no contraviene ninguno de los anteriores artículos.
Según explicó, el secreto bancario que se establece en la Constitución no es específico, y se diluye en varios artículos.
Al referirse a la Ley de Bancos, Fuentes afirmó que debido a que ésta no es de carácter constitucional, se puede incluir a la SAT por medio de las reformas al Código Tributario.
José Alejandro Arévalo, diputado unionista, opinó ayer que, aunque en otros países los entes recaudadores tienen acceso a información bancaria, en Guatemala deben revisarse los alcances de esta reforma, para no contravenir la Constitución.
Agregó que la revisión de operaciones bancarias serviría para que también se proponga la bancarización de las transacciones a partir de Q10 mil.
Arévalo participó en el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, en donde nació la propuesta de reforma, y que luego fue redactada como iniciativa de ley por el Ejecutivo.
Chile Monroy argumentó que otro riesgo es la seguridad ciudadana, ya que no se especifica qué personal podrá tener acceso a esa información.
Reaccionan con cautela
Fuentes del sector bancario que prefirieron no identificarse dijeron ayer que para las instituciones bancarias ese procedimiento sería complicado.
Agregó que no conocen la propuesta; sin embargo, explicó que la ley deberá ser clara y específica respecto de qué documentación se puede proporcionar, porque las instituciones bancarias podrían estar expuestas a demandas de sus clientes. Además, indicó que analizarán la Constitución.
Se intentó conocer la opinión del presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala, José Ángel López, pero no respondió a las llamadas, al igual que la SAT.
